Los cazadores contestan a las declaraciones de la
Consejería de Política Territorial sobre la vía libre a cazar cabras
asilvestradas para evitar daños en flora y fauna.
Los cazadores de la
Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC) entienden que el Gobierno de
Canarias los pretende utilizar a su interés cuando ha mostrado una clara
incompetencia para atajar el problema que ahora intenta resolver por la puerta
de atrás.
La ACEC ha advertido a la
Directora General de Protección de la Naturaleza Jesús María Armas Domínguez
que el Proyecto de Decreto por el que se declaran especies cinegéticas de caza
mayor a los animales domésticos asilvestrados podría incurrir en manifiesto
fraude de Ley.
En opinión de estos
cazadores canarios, el incremento de cabras y ovejas abandonadas se ha debido a
una dejación de funciones en el control y supervisión de la Dirección regional
de ganadería sobre esos animales. Lo cual no les extraña, pues a ese
departamento le solicitaron un estudio sobre las enfermedades que tienen
diezmadas las poblaciones de conejos en todo el archipiélago, mixomatosis y
vírica, recibiendo por contestación “Consultados
los registros obrantes en esta Dirección General no se tiene constancia actual
de fenómeno epizootiológicos comunicados según lo previsto…” Es decir, los
conejos no están enfermos porque la normativa no contempla el control de esas
enfermedades y no han sido comunidadas. Curioso, cuando desde 1996 está en
vigor una resolución por la que se establecen medidas para la lucha contra la
mixomatosis.
Por otro lado, la
Consejería de Política Territorial comandada por Nieves Lady Barreto, compara
la normativa cinegética aprobada en 2006 para Baleares, con un simple Decreto
que modifica toda una Ley de Caza de Canarias. No es lo mismo una modificación
normativa firmada por parte de una directora del Gobierno, que aprobar dicha
modificación por el Parlamento de Canarias. A colación, el Presidente del
ejecutivo canario, Fernando Clavijo, introdujo en un cajón al comienzo de su
legislatura un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Caza para Canarias,
pagado por todos los ciudadanos, con el fin de sustituir la actual y obsoleta
legislación cinegética.
Desde el año 2007 la Ley
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad prohíbe expresamente el
aprovechamiento cinegético de los animales de producción asilvestrados. Asimismo,
el Real Decreto de Exóticas Invasoras contempla la caza como instrumento de
erradicación sobre especies catalogadas e introducidas legalmente antes del
2007, caso diferente a las ovejas y cabras domesticas que fueron abandonadas.
En contraposición, no se le ha ocurrido a la Administración autonómica canaria
extrapolar esa tan fabulosa referencia Balear para permitir la caza de la
tórtola turca, común y la codorniz, prohibidas en el archipiélago apoyándose en
los grupos ecologistas.
Según la ACEC, no deja de
ser llamativo que mientras la Consejería de Política Territorial y Medio
Ambiente ambiciona la colaboración del colectivo cinegético para erradicar las
cabras y ovejas asilvestradas, por otro lado, la Consejería de Presidencia
mediante el anteproyecto de Ley de Protección de Animales estigmatice y
criminalice exclusivamente a ese mismo colectivo y lo trate como maltratador,
sin un solo estudio oficial e imparcial sobre abandono o bienestar animal.
El Presidente de la ACEC,
Juan Miguel Sánchez Roig, afirma: “Estamos
hartos de una Administración sin rumbo. En los años 70 introdujeron el Muflón y
el Arruí como especies cinegéticas de caza mayor en Tenerife y La Palma
respectivamente, para su conservación y aprovechamiento sostenible al amparo de
la Ley de Caza. Desde hace bien poco, las declararon especies exóticas
invasoras y las controlamos contra nuestra voluntad para su erradicación pues
es lo permitido. Ahora, los mandatarios quieren que seamos los asesinos de las
ovejas y cabras. Mientras tanto, ni una sola medida favorable a la actividad
cinegética y su mundo, ni un estudio, proyecto o iniciativa que haga pensar más
allá de que hay interés en que la cacería desaparezca por aburrimiento. Las
aproximadamente 15.000 licencias de caza y sus familias, mucho me temo le
pasaran factura a un grupo de gobierno carente de timonel, descoordinado a los
remos y sin capitán al mando”.